Escrito por Guillermo Gazanini Espinoza, Secretario del Consejo de Analistas Católicos de México, y publicado el 18 de Agosto de 2010 en el portal web del Centro Católico Multimedial.
Las uniones homosexuales equiparadas al matrimonio y los hijos adoptados por parejas del mismo sexo están protegidos por el régimen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias porque en México, un estado laico y democrático, no puede haber ciudadanos de segunda a causa de sus preferencias sexuales.
Para nueve ministros de la Suprema Corte, las uniones de parejas gay y lésbicas pueden dar lugar a otro tipo de familia, donde sus integrantes se desarrollan y crecen en valores que van constituyendo cualquier comunidad al seno de la sociedad. Poco a poco los ministros del tribunal constitucional echaron abajo los argumentos del Procurador General de la República esgrimidos en la acción de inconstitucionalidad 2 / 2010 que sostenía que el proceso legislativo que reformó el artículo 391 del Código Civil del Distrito Federal se había hecho sin una razonabilidad objetiva para permitir que las personas del mismo sexo puedan adoptar menores de edad. A juicio de los que rechazan estas adopciones, el bien mayor de los niños se habría vulnerado porque las uniones homosexuales no garantizan su desarrollo armónico biopsicosocial.
Desde la reforma al Código Civil del Distrito Federal, que se publicó a fines del año pasado, y la presentación del recurso de inconstitucionalidad, diversos actores laicos y de la jerarquía de la Iglesia católica mexicana rechazaron estas modificaciones por ir contra la naturaleza de la familia, del concepto de matrimonio y atentar contra el bien de los menores adoptados por gays y lesbianas, ligándose al de la despenalización del aborto hasta la doceava semana de gestación, declarado constitucional por la Corte, y la eventual discusión de la maternidad subrogada en esa selva llamada Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura.
En la arquidiócesis de México se rechazaron de inmediato las conclusiones del debate de los ministros de la Corte y se dio “luz verde” para que los laicos se pusieran en movimiento y defender los valores fundamentales del matrimonio, la familia y los menores. En la arquidiócesis de Guadalajara, la elocuencia del cardenal Juan Sandoval Íñiguez provocó un encontronazo con el jefe de gobierno del Distrito Federal al haber afirmado que el ejecutivo local había “maiceado” a los ministros para aprobar las adopciones. Marcelo Ebrard lanzó un ultimátum al prelado para que se retractara y evitar la denuncia por daño moral que puede ser instaurada contra el purpurado.
Independientemente de la viabilidad de esta acción jurídica, el cardenal Sandoval Íñiguez no tiene un pelo de tonto. Si dijo que los ministros fueron maiceados es porque conoce que los agentes del jefe de gobierno y de la asamblea legislativa del Distrito Federal cabildearon intensamente para influir en el ánimo de los ministros que, desde el inicio de los debates, plantearon que el tema de las uniones gay y las adopciones estarían ajenas a cualquier argumento moral y religioso. El arzobispo Juan Sandoval jamás habló de sobornos o dádivas, pero es claro que la influencia de la izquierda populista se dejó sentir en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia.
Juan Sandoval Íñiguez no debería retractarse. Los especialistas “guardianes del estado laico” querrán hacer pedazos al arzobispo nacido en Yahualica. Seguro que los diputados federales del PRD irán a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para presentar sus puntos de acuerdo y, engallados, pedir la intervención de la Secretaría de Gobernación y sancionar al cardenal y a los medios católicos que han afirmado que el PRD es el partido del mal. Y de nuevo irán a la tribuna para plantear la reforma del artículo 130 constitucional para poner los candados que impidan a los ministros de culto hablar de política y de temas de interés social, como ya se entrevé en una desafortunada iniciativa del ex ministro Juventino Castro y de la cual la Comisión que él preside tiene un proyecto de dictamen que deja mucho que desear, atentando contra la laicidad que el señor diputado y exministro aún no sabe diferenciar del laicismo ideológico.
Juan Sandoval no tiene por qué entrar al juego y chantaje del jefe de gobierno. Aquí no se apela a la ley del salvaje oeste ni de convocar a los padrinos de armas para ir al campo de duelo porque ya se le puso fecha y hora al pleito. Si el arzobispo se retractara, estaría actuando en la incoherencia y sometiéndose a la ideología de izquierda que ha dejado de representar a muchos en el Distrito Federal. Si hay que ir a lo jurídico, tanto Marcelo Ebrard como el cardenal Sandoval habrán de echar mano de sus abogados para afirmar y defender.
Y vuelve a reiterarse este laicismo virulento que amenaza al Estado mexicano. Los grupos minoritarios quieren ver a las asociaciones religiosas sometidas y reducidas a lo oscurito… ahí están bien, que no se muevan, que no hablen, que no actúen. Quienes pugnan por este laicismo saben muy bien que las iglesias son las instituciones de un estado democrático capaces de denunciar lo que está mal y lo que va acabando con los valores fundamentales de una sociedad. Ante esto ¿qué sigue? Una resistencia pacífica y expresar nuestros puntos de vista porque estos embates son el comienzo; ahora se asoma en el poder legislativo una discusión que quiere asestar un golpe a la laicidad del Estado. No podemos callar cuando las libertades de religión y de conciencia están siendo amenazadas por la ideología laicista que quiere someter a la Iglesia católica.
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