Con profunda desilusión tomamos la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, desentendiendo el bien común y la lógica del sentido común, y mostrando un desprecio por la ley natural, ha aprobado la posibilidad de que personas casadas del mismo sexo adopten a menores de edad en el Distrito Federal, luego de que el 5 de agosto aprobara las uniones homosexuales. Con esta resolución, las parejas conformadas por personas del mismo sexo, que así lo decidan, contarán con los mismos derechos para adoptar a niños que las parejas heterosexuales. Consideramos que se trata de una aberración más, que se suma a las acumuladas recientemente.
Mostramos nuestro completo desacuerdo por esta decisión que en nada beneficia a la mayoría de las personas en México, y que se orienta directamente a dañar, profunda e irreversiblemente, al matrimonio –constituido por varón y mujer- y a la familia –como prole de la unión de dos personas de diferente sexo-. En este sentido versaron las declaraciones del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, difundidas por los medios de comunicación, luego de su presencia en la ciudad de Aguascalientes, el pasado domingo 15 de agosto de 2010.
Por desgracia, en la declaratoria del Suprema Corte de Justicia de la Nación no se tuvieron en cuenta las investigaciones realizadas por el Instituto Mexicano de Orientación Sexual que, con argumentación de carácter científico, mostró sus cuestionamientos para que menores fueran adoptados por parejas homosexuales. Este mismo centro de investigación le había solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por lo menos, difiriera su fallo, hasta que no se profundizara en la investigación sobre el asunto y se llevaran a cabo más investigaciones al respecto, ya que la experiencia en otras latitudes muestra, con claridad, las secuelas que se han provocado en niños que viven con parejas homosexuales, dados los abrumadores resultados negativos en otras regiones.
El Instituto Mexicano de Orientación Sexual basado, además, en investigaciones realizadas por la American Phychological Association (APA), en el estudio titulado “Lesbian & Gay Parenting” (“Cuidado de los niños por parte de lesbianas y homosexuales”), indicó que, por ejemplo, los niños que crecen en una relación homosexual tienen tres posibilidades más de padecer depresión que cualquier otro que crece en una relación heterosexual, resaltando que el matrimonio entre varón y mujer es el mejor ambiente para la crianza de un niño.
No se deben considerar sólo los posibles derechos de las personas del mismo sexo que quieran adoptar, sino también los derechos fundamentales del niño, y en particular del infante que puede ser adoptado. Un niño merece la mejor oportunidad de incorporarse a la sociedad, usando su derecho a la adopción. Lo que el Estado debe regular es cuál es el ambiente ideal para ese menor, y lo que todas las corrientes de psicología en el mundo reconocen, es que un padre y una madre es el mejor ambiente para ello.
La misma investigación referida señala la alteración biosicoemocional que se provoca en el niño criado entre parejas homosexuales, además de que las estadísticas señalan que hay más violencia en estas relaciones que entre parejas heterosexuales (sin ignorar las que aquí se dan), sin pasar por alto, además, que existe mayor riesgo de que un menor sea violado en uniones del mismo sexo (porque así se ha comprobado, según el estudio), que en relaciones hombre-mujer.
No se trata, entonces, de argumentos religiosos, ni tampoco de un involucramiento meramente moral en el orden civil, ni de interferir en la laicidad del Estado, sino que las pruebas científicas, que hasta el momento se han presentado, y la consecución de la ley natural, son contundentes para afirmar que el ambiente más propicio para desarrollarse está en parejas heterosexuales. Los menores nacieron de la unión de un hombre y una mujer; jamás ha nacido nadie de la unión de dos personas del mismo sexo. Por lo tanto, su desarrollo está ligado íntimamente a su origen, y éste es su derecho, que ahora ha sido transgredido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Oficina de Prensa y Comunicación Social
Arzobispado de Guadalajara
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